Asesoría Legal en Alianzas Público-Privadas: Impulsando Proyectos de Infraestructura en Panamá
Las Alianzas Público-Privadas (APP) se han consolidado como un modelo estratégico para desarrollar infraestructura crítica en Panamá, combinando recursos estatales y expertise del sector privado. La Ley 93 de 2019, reglamentada por el Decreto Ejecutivo 840 de 2020, establece un marco jurídico robusto para estas colaboraciones, donde los bufetes de abogados desempeñan un rol indispensable.
Funciones Clave de los Bufetes en las APP
Estructuración Jurídica:
Diseñar contratos que equilibren riesgos y responsabilidades entre el Estado y el privado.
Garantizar el cumplimiento de normativas locales e internacionales (ej.: estándares ambientales, laborales).
Mitigación de Riesgos:
Identificar y prever conflictos potenciales, como cambios regulatorios o incumplimientos de plazos.
Negociar cláusulas de fuerza mayor y mecanismos de resolución de disputas.
Financiamiento y Garantías:
Asesorar en la creación de fideicomisos y estructuras de cofinanciamiento.
Revisar acuerdos con instituciones financieras para asegurar flujos de pago transparentes.
Desafíos Comunes en las APP
Complejidad Contractual:
Interpretación ambigua de cláusulas técnicas o financieras.
Rigidez Burocrática:
Demoras en aprobaciones estatales o modificaciones unilaterales a los contratos.
Sostenibilidad Fiscal:
Garantizar que los proyectos no sobrecarguen el presupuesto público a largo plazo.
Recomendaciones para Empresas
Due Diligence Exhaustiva:
Evaluar riesgos políticos, financieros y operativos antes de ingresar a una APP.
Colaboración Multidisciplinaria:
Integrar abogados, ingenieros y consultores fiscales desde la fase de diseño.