Requisitos de Sustancia para Empresas en Régimenes Especiales Panameños
Panamá ha implementado normativas estrictas para garantizar que las empresas bajo regímenes fiscales especiales —como el Régimen de Sede de Empresa Multinacional (SEM), el Régimen Especial para Servicios de Manufactura (EMMA) y ciertas actividades en la Zona Panamá Pacífico— operen con una presencia sustancial real en el país. Estas medidas, alineadas con estándares internacionales de la OCDE y la UE, buscan evitar estructuras meramente nominales y fomentar la generación de empleo local.
Definiciones Clave
Actividades Principales:
Actividades esenciales que generan los ingresos elegibles para beneficios fiscales. Ejemplos: servicios logísticos estratégicos en EMMA o gestión operativa en SEM.
Deben ejecutarse desde Panamá, utilizando recursos propios o de terceros locales.
Actividades Secundarias:
Tareas no críticas para la generación de ingresos gravables, como contabilidad básica o soporte administrativo.
Pueden externalizarse total o parcialmente dentro o fuera del país.
Obligaciones para las Empresas
Personal Cualificado:
Contratar un número suficiente de empleados a tiempo completo en Panamá, capacitados para las actividades principales.
Ejemplo: Una empresa SEM debe contar con gerentes y técnicos dedicados a la toma de decisiones operativas.
Gastos Operativos Locales:
Incurrir en costos directamente vinculados a las actividades principales, como alquiler de oficinas, salarios o servicios profesionales panameños.
Externalización Limitada:
Las actividades principales solo pueden subcontratarse si el proveedor opera dentro de Panamá y la empresa mantiene control sobre ellas.
Externalizar actividades principales fuera del territorio invalida los beneficios fiscales.
Proceso de Declaración y Fiscalización
Declaración Jurada Anual:
Presentar un affidavit ante la Dirección General de Ingresos (DGI) dentro de los 6 meses posteriores al cierre fiscal.
Incluir detalles sobre empleados, gastos operativos y estructura de actividades.
Evaluación por Autoridades:
La DGI emite una resolución en 3 meses tras la declaración, determinando si se cumplieron los requisitos.
En caso de incumplimiento, los ingresos pierden beneficios y se gravan a la tasa general (25%).
