La residencia fiscal en Panamá es un estatus clave para personas y empresas que desean establecer su centro de intereses económicos en el país. Regulada por la Dirección General de Ingresos (DGI), esta condición determina obligaciones tributarias y beneficios bajo convenios internacionales. A continuación, se detallan los aspectos esenciales y las últimas actualizaciones normativas.
Certificación de Residencia Fiscal
- Propósito:
- El Certificado de Residencia Fiscal (CRF) puede solicitarse para uso general (ante cualquier autoridad extranjera) o específico (aplicación de convenios de doble tributación).
- Se obtiene mediante resolución emitida por la DGI, tras validar los criterios de residencia.
Criterios para Personas Naturales
- Presencia Física:
- Permanecer en Panamá más de 183 días consecutivos o alternos en un año fiscal.
- Vivienda Permanente:
- Establecer el centro de intereses vitales (económicos, laborales, familiares) en el país, con una propiedad en uso continuo (propia o alquilada).
Criterios para Personas Jurídicas
- Constitución Local:
- Sociedades creadas bajo leyes panameñas, con dirección y administración efectiva en el territorio.
- Sociedades Extranjeras:
- Empresas constituidas en el exterior pueden ser residentes fiscales si operan desde Panamá y están registradas en el Registro Público.
Actividades Exentas de Impuestos
- Las operaciones offshore (servicios prestados fuera de Panamá) no generan ingresos gravables localmente, incluso si se gestionan desde el país.
Actualizaciones Normativas Recientes
- Resolución 201-9673 (2021): Implementó la solicitud electrónica del CRF mediante la plataforma Etax 2.0, agilizando trámites.
- Resolución 201-8394 (2024): Derogó disposiciones anteriores pero mantuvo la Resolución 201-0354 (2016), que regula los requisitos y procedimientos para obtener el CRF.
Recomendaciones para Solicitantes
- Documentación Precisa: Presentar comprobantes de domicilio, contratos de arrendamiento y registros de presencia física.
- Asesoría Especializada: Consultar expertos para alinear estructuras corporativas con las normativas vigentes y evitar doble tributación.