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Abogados de Proyectos en Panamá

Asesoría legal integral para el desarrollo y ejecución de grandes proyectos en Panamá.

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Asesoria legal estrategica en proyectos complejos

Asesoría legal estratégica en proyectos complejos

Desarrollar proyectos de infraestructura, energía o concesiones públicas en Panamá requiere de una sólida estrategia legal. En Paralelaw, acompañamos a empresas e inversionistas en todas las fases, desde el diseño legal hasta la ejecución, asegurando cumplimiento normativo y eficiencia operativa.

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Servicios legales para el desarrollo de proyectos

Ofrecemos asesoría completa en:

  • Financiamiento de proyectos y acuerdos de inversión
  • Negociación y redacción de contratos públicos y privados
  • Obtención de permisos y licencias regulatorias
  • Estructuración de concesiones y alianzas público-privadas (APP)
  • Gestión de riesgos legales y cumplimiento normativo
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Asesoria para empresas locales e internacionales

Asesoría para empresas locales e internacionales

Atendemos a corporaciones, consorcios y desarrolladores internacionales que buscan establecer y ejecutar proyectos en Panamá, ofreciendo soporte legal bilingüe y conocimiento profundo del marco regulatorio panameño.

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Expertos legales en proyectos de alto impacto

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Cumplimiento normativo y gestión de permisos

Nuestros abogados gestionan la obtención de permisos ambientales, regulatorios y municipales, garantizando que los proyectos cumplan con la legislación vigente y evitando retrasos costosos.

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Asesoria en concesiones y APP

Asesoría en concesiones y APP

Apoyamos en la estructuración de concesiones y asociaciones público-privadas (APP) para proyectos de infraestructura, proporcionando respaldo legal desde la licitación hasta la operación.

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Resolución de conflictos en proyectos

En caso de disputas contractuales o regulatorias, ofrecemos representación legal eficaz en arbitraje, mediación o litigios, protegiendo los intereses de nuestros clientes.

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Preguntas Frecuentes

¿Qué hace un abogado de proyectos en Panamá?
Un abogado de proyectos acompaña a la empresa o al inversionista en todas las fases de un proyecto de infraestructura, energía, inmobiliario o corporativo: define la estructura legal del vehículo que ejecuta el proyecto, negocia y redacta los contratos con el Estado, los contratistas, los socios y los financiadores, gestiona los permisos y licencias, y vigila el cumplimiento normativo durante la construcción y la operación. Su trabajo es evitar que un problema legal detenga la obra o encarezca el proyecto, y representar a la empresa si surge una disputa contractual o regulatoria.
Depende del sector y del lugar, pero en general se requiere un Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente conforme a la Ley 41 de 1998 y su reglamentación, los permisos municipales de construcción y ocupación, y el registro de la empresa operadora (Aviso de Operaciones y RUC). Los sectores regulados exigen autorizaciones adicionales: los proyectos de energía pasan por la ASEP y la Secretaría Nacional de Energía, las obras portuarias y marítimas por la Autoridad Marítima de Panamá, y las obras en zonas costeras o áreas protegidas requieren concesiones. También son frecuentes los permisos de uso de agua, manejo de residuos y seguridad contra incendios. Mapeamos la ruta completa de permisos antes de iniciar para que ninguna aprobación falte cuando comience la obra.
Las APP se rigen por la Ley 93 de 2019 y su reglamento, que permiten al Estado contratar con un socio privado el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de infraestructura pública a largo plazo, con pagos del Estado, cobro a los usuarios o una combinación de ambos. Las concesiones y demás contratos públicos se rigen por la Ley 22 de 2006 de contrataciones públicas. En ambos casos el proceso incluye una licitación pública, un contrato con asignación de riesgos entre las partes, garantías de cumplimiento y un mecanismo de solución de controversias, normalmente el arbitraje. Asesoramos desde la preparación de la propuesta hasta la firma y la ejecución del contrato.
Sí. Panamá permite la participación de empresas extranjeras en proyectos privados y públicos. Para contratar con el Estado, la empresa normalmente constituye una sociedad panameña o registra una sucursal, se inscribe como proponente en el sistema PanamaCompra y, con frecuencia, participa en consorcio con una empresa local. Debe cumplir la regla laboral del 90/10 (al menos 90% de trabajadores panameños, con excepciones para personal especializado autorizado por el MITRADEL) y obtener permisos de trabajo para el personal extranjero. Estructuramos el vehículo, los acuerdos de consorcio y los contratos para que la empresa cumpla estos requisitos sin retrasar el proyecto.
La mayoría de los contratos de proyectos en Panamá incluyen cláusulas de solución escalonada de controversias: negociación directa, mediación o una junta de resolución de disputas, y finalmente arbitraje, regulado por la Ley 131 de 2013 y administrado con frecuencia por el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (CeCAP). El arbitraje suele resolver en 6 a 12 meses, es confidencial y los laudos se ejecutan internacionalmente bajo la Convención de Nueva York. Si el contrato es con el Estado, aplican además los procedimientos administrativos de la Ley 22 de 2006 y la Ley 93 de 2019. Representamos a la empresa desde la primera notificación de incumplimiento para proteger la obra y el flujo de pagos.

Disclaimer

El contenido de esta página es informativo y no constituye asesoría legal. Cada situación requiere análisis individual con un abogado de Paralelaw. Agenda tu consulta gratuita.

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